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Diario YA


 

Cuando los Carmena-boys pasan de los jueces

Francisco Torres García.- Vaya por delante que la izquierda lleva quitando nombres de calles y monumentos desde que empezó a tocar poder hace casi 40 años. Lo ha podido hacer, entre otras razones, merced a una derecha (conformada por AP+UCD=PP) que hace mucho tiempo que compró y asumió como real la tesis de la “superioridad moral de la izquierda” sobre la que ahora pontifican Ignacio Sánchez Cuenca e Íñigo Errejón —¡Casi nada!—; y hasta la derecha adquirió también el timo del primer plazo afanándose en la labor de la desmemoria (cambiar las placas por cosas como aquella de “por la Paz” que ya se considera tan superada como insuficiente).

Hace unos años, cuando se empezaba a barruntar la “ideología de la memoria”, la izquierda plegó banderas ante la “guerra de las esquelas”, en la que fue ampliamente derrotada, cuando los periódicos se llenaron con los nombres de los asesinados por los frentepopulistas (alguien tuvo que realizar esos asesinatos y por ellos comparecer ante los Consejos de Guerra al acabar el conflicto), con lo que la disociación de causa-efecto que la “ideología de la memoria” necesitaba quedó parcialmente desarbolada.

Hoy estamos, en una coyuntura distinta, en el proceso de asentamiento de la “ideología de la memoria”, una de las bases de la “superioridad moral” de la izquierda. Asentamiento que, increíblemente, el PP ha dejado crecer creyendo que no iría contra ellos si se sumaban fervorosamente a la aplicación de la LMH; es más, el PP, por ese complejo de inferioridad moral, se convirtió en cooperador necesario para su imposición (el español fiel al refranero diría aquello de tirar piedras sobre el propio tejado). En un principio, la izquierda asumió la resistencia sociológica y electoral por lo que los cambios fueron pausados donde alcanzara el poder. Se contaban por miles las calles que mantenían nombres “franquistas” o “fascistas” (fascista es para la izquierda todo aquel que no sea de izquierdas, que por ello carece de legitimidad moral para gobernar; categoría en la que entran políticos, militares, escritores... de cualquier época) y que no eran eliminados porque ellos, la izquierda, no gobernaba. De ahí la necesidad de la imposición totalitaria de la LMH que el PP en el poder no solo aceptó sino que a fecha de hoy oficialmente comparte con todo entusiasmo.

No se trataba de cambiar un nombre, lo que se podía hacer si se tenía mayoría y no se temían las posibles consecuencias electorales. De lo que se trata es de retirar los nombres por condena, por oprobio público, demostrando así la “superioridad moral de la izquierda” porque esos nombres están asociados a la derecha. Esa es la base y el fundamento de la LMH.  Les ha ido bien, hay que reconocerlo, ante la inexistencia de oposición política. Ha sido así hasta que algunos españoles de a pie comenzaron a acudir a los tribunales y, como el derecho es el derecho (la izquierda y el derecho acaban siendo incompatibles), andan perdiendo en los tribunales la razón lo que les obliga a restituir los nombres; por eso han dado con un nuevo invento más totalitario aún, las leyes de memoria democrática que aspiran a establecer la censura y la discriminación, cuando no la persecución ideológica.

Recientemente, un tribunal ha fallado que el cambio de nombre en Madrid de la calle Caídos de la División Azul no se puede retirar amparándose en la LMH. Hasta un alumno de primero de Derecho, por la obviedad y la idiotez del argumentario municipal, hubiera ganado el caso. Sin embargo, a la izquierda los jueces y las sentencias les importan una higa (esto no es nada nuevo). Muestra palpable ha sido la publicación por OK Diario de la misiva que el pomposo responsable de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid, cuya nómina sea quizás tan larga como la referencia de su cargo, dirige en plan compadre a los de la memoria, enfadados por la sentencia, indicándoles que a ellos les importan poco las posibles sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, ya que como teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid garantiza que pasarán de ella, indicándoles que “pueden tener ustedes la confianza de que el cambio de una forma u otra será definitiva”. Corte de mangas a la Justicia y punto.

Todo ello se traduce, en román paladino, en que en Prusia puede que hubiera jueces pero en Madrid quien decide es la otrora jueza Carmena y sus boys dispuestos, eso sí, a homenajear a los chekistas. Claro que para algunos, quede o se retire la placa, ellos no pasan de ser unos miserables si se comparan con la grandeza de quienes dieron su vida, en muchas ocasiones, de forma heroica. ¿Cómo comparar a tal Txema, con un sueldo que no soñara en la vida, con un joven valiente como Ponte Anido que con una mina en las manos se lanzó contra un tanque, entregando su vida, para salvar a los que estaban en el hospitalillo hacia el que dirigía su cañón el acorazado?

Lo dicho, son unos miserables.
 

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